Esta semana medios independientes han podido esclarecer lo ocurrido en la dirección de la Academia Cubana de la Lengua (ACuL) el año pasado. A fines de junio de 2022, el poeta Roberto Méndez, quien dirigía la institución, renunció a su cargo “por motivos de salud” siendo sucedido por el ensayista Jorge Fornet. Sin embargo, ha salido a la luz que este cambio tuvo intenciones políticas y que estuvo vinculado a violaciones de derechos culturales en autocracias de la región.

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Un mes antes el Parlamento nicaragüense, bajo orden del presidente Daniel Ortega, había decretado unilateralmente el cierre de la Academia de la Lengua, junto a otras 82 ONG en ese país. Ante este claro signo de represión cultural Méndez, consensuado con otros miembros directivos, firmó un documento de solidaridad con sus colegas nicaragüenses arbitrariamente ilegalizados, además apoyó un comunicado de alerta de la Real Academia Española (RAE) que reivindicaba “las libertades de pensamiento, expresión y asociación”. En consecuencia, Méndez fue puesto a la sombra mientras que la administración cultural cubana guardó silencio hasta marzo de este año, cuando Jorge Fornet, comisario cultural oficialista y uno de los dirigentes de Casa de las Américas, fue presentado como director de la Academia en el IX Congreso Internacional de la Lengua Española, en Cádiz (España).

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Según fuentes anónimas, la defenestración de Méndez y su reemplazo por Fornet tuvieron como objetivo el escarmiento del primero así como el alcance del control total de la institución con el segundo. Esta ha sido una estrategia del autoritarismo cultural en la isla: la infiltración de instituciones con un historial de resistencia y autonomía ante los designios de la “Revolución”.

También ha sido el destino de proyectos e instituciones que cuyas direcciones han sido entregadas a comisarios confiables como Lisandro Otero, Roberto Fernández Retamar o Nancy Morejón.

Además de los directivos orgánicos y “de confianza” otra estrategia para coactar la autonomía y el libre pensamiento de las instituciones culturales cubanas ha sido la subordinación de estas a ministerios u organismos oficiales. En 2012, la ACuL fue absorbida por la Oficina del Historiador, y ubicada en el edificio del Colegio San Gerónimo, con la aprobación del entonces director de la Oficina, Eusebio Leal. Además, figuras como Graziella Pogolotti (crítica y comisaria cercana a la administración cultural cubana), Luisa Campuzano (quien ha sido directora de la revista oficialista “Revolución y Cultura”), así como Perla Rosales (directora adjunta de la Oficina del Historiador) son figuras encargadas de extender y ejecutar las medidas de la administración cultural cubana reproduciendo ejercicios violatorios de los derechos culturales.

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El ODC llama la atención sobre el sistemático secuestro de las instituciones culturales cubanas bajo una fachada democrática. Si bien el gobierno cubano intenta proyectar una imagen noble mediante festivales y congresos, el monopolio de proyectos culturales, los cambios de directivos poco ortodoxos por agentes confiables, así como la participación creciente del Departamento de Seguridad del Estado son muestra de una política cultural represiva y autoritaria en contubernio con autocracias regionales como Venezuela y Nicaragua.

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El ODC alerta sobre el destino de instituciones tan prestigiosas como la Academia Cubana de la Lengua o la Oficina del Historiador de la Ciudad, que son puestas al servicio y conveniencia del autoritarismo del gobierno cubano, con alarmantes consecuencias para el desarrollo y el patrimonio cultural de la nación. El ODC exige a instituciones homólogas extranjeras que no colaboren con comisarios que hacen extensivo este daño sobre la cultura cubana.