La crisis multifactorial en Cuba y la falta de voluntad gubernamental para priorizar la seguridad ciudadana han conducido a un avance sin precedentes de criminalidad en la Isla. Robos, asaltos, agresiones y asesinatos son lamentablemente eventos cotidianos que aquejan a los cubanos. El gremio cultural no ha estado exento de este fenómeno dado que en el año que transcurre se han hecho conocidos varios ataques físicos contra artistas, algunos en plena presentación, otros con consecuencias fatales.

 

La semana pasada el cuerpo sin vida de un joven músico, identificado como Eduardo White King, fue encontrado en el malecón habanero, presuntamente asesinado. En septiembre trascendió en las redes la agresión contra la cantante cubana Katia Naranjo, vocalista de la orquesta Original de Manzanillo, quien fue embestida en pleno concierto con una botella, y por la que sufrió heridas de consideración en el rostro. Dos meses antes, el rapero Dayan Torres, conocido como El Masái fue asesinado por cinco asaltantes, en Alamar, Habana del Este. En abril, el locutor cubano de la emisora de radio oficial CMKS, David Alexis González Joseph, fue asesinado en su domicilio, en la ciudad de Guantánamo.

 

El conocimiento público de estos casos ha conmocionado a amigos, colegas y aficionados de los artistas, quienes han pedido acompañamiento y tributos póstumos, pero sobre todo la debida acción policial y judicial para encontrar a los culpables. Es de destacar que, en casos como el de Naranjo, no fue si no la presión ciudadana la que garantizó la penalización del agresor, mientras que las autoridades cubanas no habían reaccionado oportunamente.

 

En paralelo es conveniente recordar que el Gobierno cubano continúa invirtiendo en material policial antimotines para reprimir manifestaciones pacíficas como ocurrió el 11J. También es pertinente apuntar que permanecen al menos 13 artistas presos injustamente, sobre los que recaen condenas aleccionadoras. En tanto la vigilancia y persecución a iniciativas artísticas, periodísticas y activistas independientes, así como la represión contra el pueblo, ocupan la atención de las fuerzas del orden. Mientras el poder se esfuerza en mantener a ciudadanos como “asunto de seguridad nacional” y “persona de interés público”, ocurren crímenes horrendos sin respuesta aparente de las instancias a cargo.

 

El ODC lamenta profundamente el impacto criminógeno de la crisis en Cuba, reconociendo la terrible influencia de la pobreza y la incertidumbre en la prosperidad de la nación. El ODC conmina a las autoridades cubanas a tomar partido contra la ola de crímenes que azota a la Isla. Además, exige mayor reconocimiento por parte de las organizaciones internacionales de la arbitraria gestión que sobre la seguridad nacional realiza el Gobierno cubano, posicionando en mayor vulnerabilidad a gremios como el cultural, expuesto a situaciones de peligro extremo por la naturaleza de su ejercicio profesional sin que el Ministerio de Cultura y sus homólogos demuestren interés alguno en incidir sobre la situación.