Los derechos culturales, tal y como están planteados en los artículos 22 y 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, especialmente el 27.1 donde afirma que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”, y los artículos 3 y 15 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, sobre todo el inciso a) del artículo 15 que consagra el derecho de todas las personas a “participar en la vida cultural”, han sido objeto de limitaciones y supresión por parte del gobierno cubano desde 1959, al igual que otros derechos contenidos en estos y otros instrumentos internacionales.

 

Cuba es signataria de ambos instrumentos citados, aunque no ha ratificado el segundo y, por lo tanto, no está sujeta a un compromiso vinculante al respecto. Esto no impide, sin embargo, que puedan ser recopilados, estudiados y denunciados los numerosos casos de abuso, violación, restricción y supresión de los derechos culturales en Cuba en el período que abarca desde 1959 hasta el presente.

 

A lo largo de esta etapa de más de 60 años, las violaciones de estos derechos han sido sistemáticas, continuadas y sin que las víctimas hayan recibido reparación de ninguna índole, ni siquiera en la forma de una disculpa oficial o a través del reconocimiento de la responsabilidad por el daño causado, o de la existencia del daño mismo por parte de las autoridades correspondientes.

 

Esta historia de represión y abuso involucra diversas facetas de los derechos culturales, pero destacan prominentemente aquellas vinculadas al derecho a participar en la vida cultural de la comunidad ya sea como creador, promotor o como consumidor de productos culturales, artísticos, literarios, científicos, entre otros. En un primer momento serán objeto de análisis los casos relacionados con la producción artística, literaria y de promoción cultural, sobre todo la actividad represiva dirigida contra creadores y promotores del arte, la cultura y el pensamiento.

​

Tras una primera aproximación al tema puede apreciarse que la actividad represiva de los derechos culturales de creadores y promotores culturales por parte del gobierno cubano va encaminada en dos líneas de acción fundamentales.

 

La primera consiste en la censura y represión individual de la que han sido y aún son objetos intelectuales, artistas, creadores, promotores culturales, etc. Esta puede adoptar diversas formas de acción, ya sea directa o indirecta en dependencia de si la ejecutan instituciones y agentes estatales o si por el contrario la llevan a cabo agentes no estatales que están al servicio de los intereses oficialistas de forma más o menos encubierta. Los actos lesivos a los derechos culturales pueden incluir la censura, el aislamiento social, la expulsión de organizaciones gremiales, centros de estudio y trabajo, actos de repudio público, detenciones arbitrarias, violencia física y la cárcel. Los casos de Virgilio Piñera, Heberto Padilla, Mike Porcell, María Elena Cruz Varela, Katherine Bisquet y Ángel Santiesteban, son claros ejemplos donde se ponen de manifiesto una o varias acciones represivas, ya sea simultáneamente o en escalada.

​

La segunda línea de acción represiva gubernamental consiste en el esfuerzo por establecer el más absoluto control y el dominio exclusivo y excluyente de todos los espacios culturales del país, desde el nivel local hasta el nacional. Las mismas instituciones estatales que supuestamente han sido creadas para la promoción de las artes, la literatura y la cultura son además espacios de control político que pretenden ejercer un monopolio rígido y efectivo en función de los intereses gubernamentales con la consecuencia notable de que acaban por asfixiar en gran medida aquello que aseguran promover.

 

A lo largo de varias décadas este control ejercido a través del Ministerio de Cultura, y la red de instituciones nacionales y locales que rige, fue extraordinariamente eficaz y cooptó la mayoría de los espacios culturales que por tendencia natural o espontánea surgían a lo largo del país. El sistema de módulos culturales y las instituciones y asociaciones creadas desde el gobierno establecieron un rígido control sobre la vida cultural del país, fundamentalmente a base de represión, aunque desde finales de la década de los ’70 también se comenzó a premiar con pequeños privilegios las muestras de sumisión y apoyo a los intereses del gobierno.

​

El terrible golpe sicológico, ideológico y moral que representó la durísima crisis económica y política de los ’90 reforzó, sin embargo, una tendencia que había estado presente desde 1959: la creación de espacios culturales independientes que pretendían escapar del control ideológico e instrumental oficial. La combinación entre el incremento de la iniciativa independiente y la debilidad relativa de los poderes políticos del Estado permitieron la supervivencia de estos espacios frente a los permanentes esfuerzos por parte de las instituciones oficiales para tratar de establecer alguna forma de control sobre ellos que fuera capaz de neutralizarlos en la medida de lo posible. Los decretos 226/1997 y 349/2018, ambos del Consejo de Ministros, fueron ejemplos de este esfuerzo al más alto nivel.

 

Lo cierto es que los espacios culturales independientes han sido objeto de acciones represivas sistemáticas que se han hecho más visibles en las últimas décadas porque han coincidido con una mayor pujanza de estos. Estas acciones incluyen la vigilancia, ya sea de modo encubierto o abierto a modo de advertencia, el hostigamiento al espacio y sus miembros ya sea directamente por parte de las autoridades o de otros agentes no oficiales a su servicio. Incluye también el sabotaje y el vandalismo de los espacios, puede llevar hasta la clausura temporal o definitiva, y suele venir acompañado de las demás modalidades represivas contra los individuos descritas anteriormente. Ejemplos en este sentido son los casos del Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR), La Peña del Júcaro Martiano, Espacio Aglutinador, Omni Zona Franca, entre otros.

 

Los actos lesivos a los derechos culturales por parte de las autoridades gubernamentales cubanas son el resultado de políticas vigentes y en ejercicio que han modificado sus formas de manifestarse a medida que se adaptan a los nuevos tiempos pero que no han variado en cuanto a objetivos y resultados.

​